El pasado domingo se libró una batalla más en el proceso para detener la construcción del megaproyecto hidroeléctrico promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para ese día se tenía mal convocada una asamblea a realizarse en la comunidad El Bejuco, municipio de Acapulco. Pese a los acarreos e irregularidades diversas, no se logró reunir el quórum y la procuraduría agraria hubo de suspender ese intento de asamblea.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) estuvo en el lugar con la decisión de insistir en su posición de rechazo al megaproyecto y también no intentar detener la asamblea prevista, para evitar confrontaciones. Se temía la presencia de la fuerza pública, pero por fortuna la eficaz labor de denuncia del CECOP tuvo efecto y las diversas autoridades optaron por no llevar a policías ni militares.
Este Consejo singular llegó al sitio donde tendría lugar la pretendida asamblea con la Misión Civil de Observación, integrada por sindicatos, organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, de mujeres, estudiantiles y campesinas.
El fracaso oficialista en legalizar el despojo que pretende legitimar la expropiación ilegal de tierras a los comuneros fue evidente, pues poco a poco el respaldo que había logrado de algunos comuneros de Cacahuatepec se está diluyendo; por ello se está abriendo la posibilidad de que se reconsidere y se abra un proceso real de consulta conforme al convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT).
Recordemos que este instrumento jurídico -firmado y ratificado por México- obliga a los gobiernos en su artículo 6 a consultar a los pueblos indígenas "cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente". Incluso agrega que las consultas deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Buena señal es que se haya pactado entre el CECOP y los comuneros que asistieron el domingo pasado, que la próxima asamblea tendrá como único punto en el orden del día analizar los pros y contras del referido megaproyecto.
Insistir por la vía de las asambleas agrarias no parece un camino adecuado. Basta considerar las sucesivas batallas jurídicas que el CECOP ha emprendido para lograr la resolución positiva del Tribunal Agrario Unitario en torno a la impugnacion de asambleas plagadas de irregularidades.
Este movimiento se ha caracterizado por llevar a cabo una estrategia de defensa, tanto jurídica como política; articularse con otros movimientos sociales y organizaciones nacionales e internacionales, con académicos, periodistas y diputados. Prueba de ello es el espacio alcanzado en el Tribunal Latinoamericano del Agua, que en su audiencia del 17 de marzo de 2006 resolvió que el proyecto hidroeléctrico de La Parota "debe cancelarse, ya que no demuestra los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional ni la protección del medio ambiente y los recursos naturales". Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU manifestpo en mayo de 2006 "su preocupación por los informes sobre comunidades indígenas y locales que se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, por violación de derechos a la alimentación, vivienda, salud, educación, derecho al agua, a la tierra, al territorio y al desarrollo". Adicionalmente habría que incluir la violación al derecho a la consulta del convenio 169 de la OIT.
Justamente éste parece ser el escenario que habrá de prefigurarse, ya que la afectación del megaproyecto no se reduce a una comunidad agraria. Según datos del CECOP, de construirse la presa se inundarían 17 mil hectáreas de selva caducifolia, incluyendo tierras de cultivo, carreteras y puentes, en las que se encuentran 21 comunidades (cuatro bienes comunales, 16 ejidos y una propiedad privada); las personas desalojadas serían 25 mil en razón del área que inundaría la presa (embalse) y además se afectaría a 75 mil campesinos que viven de sus tierras río abajo.
Como paradoja, el tema del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, inaugurado el pasado 14 de mayo en Nueva York, es el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, los territorios y los recursos naturales. Victoria Tauli-Corpuz, presidenta del mismo, afirmo: "El Foro Permanente es un lugar sin igual en el que las preocupaciones de los pueblos indígenas pueden escucharse y debatirse con los gobiernos, con Naciones Unidas y con la sociedad civil". Esa es su virtud y tambien su defecto. Sin efectos vinculatorios, este espacio poco contribuye a la resolución de los numerosos conflictos en curso.
El caso de La Parota puede ser un buen momento de aplicación de derechos de los pueblos indígenas, más alla del discurso.
