El Tribunal Superior Agrario (TSA) revocó una sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) que validaba una supuesta asamblea donde los ejidatarios habrían aceptado la expropiación de sus tierras para la construcción de la hidroeléctrica La Parota
La revisión del caso se llevó a cabo a petición de ejidatarios de la comunidad Los Huajes, en el estado de Guerrero, miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop).
El pasado 16 de marzo, el TSA notificó formalmente esta resolución del recurso de revisión Número 474/2006-41, interpuesto por los ejidatarios de Los Huajes, informan en un boletín el Cecop y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en el marco de la celebración del Día Internacional del Agua
La sentencia anulada fue dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41, Juan Rodolfo Lara Orozco, del 24 de agosto de 2006, quien consideró válida la asamblea del ejido de los Huajes donde supuestamente los ejidatarios aceptaban reubicarse para que diera lugar la construcción de la obra.
Sin embargo durante el juicio 72/2006 llevado en el TUA, dicen las organizaciones, "se acreditó que en la asamblea no se verificó el quórum legal, la Procuraduría Agraria hizo constar la participación de ejidatarios que se encontraban muertos a la fecha de la asamblea y otros más en Estados Unidos y además con la finalidad de evitar la participación activa de los ejidatarios de un día para el otro y sin justificación legal se cambió la sede de la asamblea sacándola del núcleo agrario".
Por todo lo anterior, consideran las organizaciones, "se confirma que el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, al declarar válida la asamblea de Los Huajes, dictó una sentencia sin sustento jurídico y motivada por los intereses políticos de quienes pretenden imponer por la vía de la fuerza el proyecto hidroeléctrico de La Parota".
Dice el TSA que determinó revocar la sentencia en razón de que el Magistrado Lara Orozco no valoró debidamente las pruebas presentadas para la anulación de la asamblea de Los Huajes, apartándose del contenido del expediente agrario 072/2006 que se tramitó en el TUA, toda vez que se limitó a emitir opiniones subjetivas y tendenciosas que contrastan con las pruebas aportadas durante el juicio.
Asimismo, la resolución del TSA ordena al TUA emitir una nueva sentencia "en la que valore de manera objetiva y a verdad sabida todas y cada una de las pruebas que obran en el expediente".
HACIA LA NULIDAD
Tanto el Cecop como Tlachinollan, dice el comunicado, "estamos seguros que la nueva resolución que debe dictar el Magistrado Luis Ponce de León Armenta debe ir en el sentido de decretar la nulidad de la asamblea de fecha 27 de diciembre del 2005, pues existen pruebas contundentes sobre su ilegalidad".
El TUA, consideran las organizaciones, hoy tiene una oportunidad para dar muestras claras de su independencia e imparcialidad, pues de resolver el Magistrado Ponce de León en el mismo sentido que su antecesor sería una muestra más de que estamos ante una instancia de consigna que dicta sus fallos en función de criterio políticos y no jurídicos, como en su momento lo hizo el entonces Magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco.
OTRO PASO
Por otra parte, informan el Cecop y Tlachinollan, el Juzgado Sexto de Distrito de Acapulco, Guerrero, resolvió igualmente a favor de los comuneros del Cecop el juicio de amparo 1200/2006 que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso en contra de las medidas cautelares que impiden a la paraestatal ingresar al territorio comunal de Cacahuatepec para efectuar acciones relacionadas con el proyecto hidroeléctrico La Parota.
El pasado 16 de marzo, el Juzgado de Distrito notificó a Tlachinollan y el Cecop que no le asistía la razón a la CFE y por lo tanto le negaban el amparo y protección de la justicia federal.
"Esta resolución hoy más que nunca deja en firme las medidas cautelares y con ello la imposibilidad legal para que se comiencen los trabajos preparatorios y de edificación de la presa hidroeléctrica".
Estas medidas cautelares, específicamente para el núcleo agrario de Cacahuatepec, fueron otorgadas por el TUA el 17 de octubre del 2006.
En ellas se ordenó a la CFE que se abstuviera en lo absoluto de ingresar a los bienes comunales para realizar cualquier obra relacionada con la construcción de la presa en tanto no existiera una sentencia definitiva sobre el juicio de nulidad interpuesto por el Cecop para demandar la nulidad de la asamblea de Cacahuatepec, celebrada el 23 de agosto del 2005 bajo múltiples irregularidades.
Las dos resoluciones, afirma el boletín, "una vez más comprueban que las comunidades opositoras a La Parota apuestan a los mecanismo legales para resolver el conflicto político-social que a generado el gobierno federal y estatal al pretender imponer por la vía de la fuerza el proyecto hidroeléctrico".
Pero la CFE y la administración del gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo se han apartado de la legalidad e incluso han incurrido en actos de desacato judicial, afirman.
CFE INSISTE
Pese a los ordenamientos legales, "ha acudido a prácticas desleales y no apegadas a la legalidad, pues ha metido maquinaria de trabajo a terreno comunal de Cacahuatepec para realizar obras previas a la construcción de la presa hidroeléctrica".
Documentos oficiales de la CFE en torno al proyecto hidroeléctrico La Parota demuestran que una obra carretera de Tunzingo a Puente Parotas que dice estar construyendo el gobierno estatal en los bienes comunales de Cacahuatepec, está relacionada a la construcción de la polémica presa, aún cuando de por medio existe el mandamiento del Tribunal que impide cualquier trabajo de este tipo.
En diciembre del 2006, Tlachinollan documentó la presencia de maquinaria y vehículos de la CFE en el territorio comunal de Cacahuatepec, que trabajaba en la construcción del tramo carretero que va de Tunzingo a San Isidro Gallinero, definido por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la propia CFE como el más importante.
Se trata de una obra que actualmente está ejecutando el gobierno del estado con financiamiento de la Comisión Federal, pese a que en este territorio la paraestatal tiene legalmente restringido el acceso.
"Esta actitud, además de implicar el desacato de una resolución judicial, en la vía de los hechos significa una provocación para las y los pobladores opositores a La Parota. Las entidades gubernamentales no están acatando los fallos judiciales, razón que los orilla a defender sus tierras por sí mismos", acusan las organizaciones opositoras al proyecto de CFE.
Esta conducta, advierten, ha generado que se exacerben los ánimos de las y los campesinos opositores a La Parota, quienes integrados en el Cecop han apostado por las vías institucionales y legales. Sin embargo, el mensaje que da el gobierno federal es de no respetar estas resoluciones, orillando a los opositores a defender sus tierras en el campo.
Y "esta conducta tendenciosa de las autoridades se ha confirmado en últimas semanas con las visitas tanto del gobernador Torreblanca Galindo, como de la secretaria de Desarrollo Social Gloria Sierra López, quienes acudieron a los núcleos agrarios de Cacahuatepec, Los Huajes y Dos Arroyos a impulsar el proyecto de la presa, dejando de lado las resoluciones judiciales ya ampliamente referidas e incitando a la polarización comunitaria y a la confrontación entre los campesinos".
Cecop y Tlachinollan afirman que el proyecto hidroeléctrico La Parota debe ser cancelado y demandan de los gobiernos estatal y federal el pleno apego a derecho y el cese inmediato de sus acciones ilegales y tendientes a incitar a la violencia.
La revisión del caso se llevó a cabo a petición de ejidatarios de la comunidad Los Huajes, en el estado de Guerrero, miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop).
El pasado 16 de marzo, el TSA notificó formalmente esta resolución del recurso de revisión Número 474/2006-41, interpuesto por los ejidatarios de Los Huajes, informan en un boletín el Cecop y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en el marco de la celebración del Día Internacional del Agua
La sentencia anulada fue dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41, Juan Rodolfo Lara Orozco, del 24 de agosto de 2006, quien consideró válida la asamblea del ejido de los Huajes donde supuestamente los ejidatarios aceptaban reubicarse para que diera lugar la construcción de la obra.
Sin embargo durante el juicio 72/2006 llevado en el TUA, dicen las organizaciones, "se acreditó que en la asamblea no se verificó el quórum legal, la Procuraduría Agraria hizo constar la participación de ejidatarios que se encontraban muertos a la fecha de la asamblea y otros más en Estados Unidos y además con la finalidad de evitar la participación activa de los ejidatarios de un día para el otro y sin justificación legal se cambió la sede de la asamblea sacándola del núcleo agrario".
Por todo lo anterior, consideran las organizaciones, "se confirma que el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, al declarar válida la asamblea de Los Huajes, dictó una sentencia sin sustento jurídico y motivada por los intereses políticos de quienes pretenden imponer por la vía de la fuerza el proyecto hidroeléctrico de La Parota".
Dice el TSA que determinó revocar la sentencia en razón de que el Magistrado Lara Orozco no valoró debidamente las pruebas presentadas para la anulación de la asamblea de Los Huajes, apartándose del contenido del expediente agrario 072/2006 que se tramitó en el TUA, toda vez que se limitó a emitir opiniones subjetivas y tendenciosas que contrastan con las pruebas aportadas durante el juicio.
Asimismo, la resolución del TSA ordena al TUA emitir una nueva sentencia "en la que valore de manera objetiva y a verdad sabida todas y cada una de las pruebas que obran en el expediente".
HACIA LA NULIDAD
Tanto el Cecop como Tlachinollan, dice el comunicado, "estamos seguros que la nueva resolución que debe dictar el Magistrado Luis Ponce de León Armenta debe ir en el sentido de decretar la nulidad de la asamblea de fecha 27 de diciembre del 2005, pues existen pruebas contundentes sobre su ilegalidad".
El TUA, consideran las organizaciones, hoy tiene una oportunidad para dar muestras claras de su independencia e imparcialidad, pues de resolver el Magistrado Ponce de León en el mismo sentido que su antecesor sería una muestra más de que estamos ante una instancia de consigna que dicta sus fallos en función de criterio políticos y no jurídicos, como en su momento lo hizo el entonces Magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco.
OTRO PASO
Por otra parte, informan el Cecop y Tlachinollan, el Juzgado Sexto de Distrito de Acapulco, Guerrero, resolvió igualmente a favor de los comuneros del Cecop el juicio de amparo 1200/2006 que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso en contra de las medidas cautelares que impiden a la paraestatal ingresar al territorio comunal de Cacahuatepec para efectuar acciones relacionadas con el proyecto hidroeléctrico La Parota.
El pasado 16 de marzo, el Juzgado de Distrito notificó a Tlachinollan y el Cecop que no le asistía la razón a la CFE y por lo tanto le negaban el amparo y protección de la justicia federal.
"Esta resolución hoy más que nunca deja en firme las medidas cautelares y con ello la imposibilidad legal para que se comiencen los trabajos preparatorios y de edificación de la presa hidroeléctrica".
Estas medidas cautelares, específicamente para el núcleo agrario de Cacahuatepec, fueron otorgadas por el TUA el 17 de octubre del 2006.
En ellas se ordenó a la CFE que se abstuviera en lo absoluto de ingresar a los bienes comunales para realizar cualquier obra relacionada con la construcción de la presa en tanto no existiera una sentencia definitiva sobre el juicio de nulidad interpuesto por el Cecop para demandar la nulidad de la asamblea de Cacahuatepec, celebrada el 23 de agosto del 2005 bajo múltiples irregularidades.
Las dos resoluciones, afirma el boletín, "una vez más comprueban que las comunidades opositoras a La Parota apuestan a los mecanismo legales para resolver el conflicto político-social que a generado el gobierno federal y estatal al pretender imponer por la vía de la fuerza el proyecto hidroeléctrico".
Pero la CFE y la administración del gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo se han apartado de la legalidad e incluso han incurrido en actos de desacato judicial, afirman.
CFE INSISTE
Pese a los ordenamientos legales, "ha acudido a prácticas desleales y no apegadas a la legalidad, pues ha metido maquinaria de trabajo a terreno comunal de Cacahuatepec para realizar obras previas a la construcción de la presa hidroeléctrica".
Documentos oficiales de la CFE en torno al proyecto hidroeléctrico La Parota demuestran que una obra carretera de Tunzingo a Puente Parotas que dice estar construyendo el gobierno estatal en los bienes comunales de Cacahuatepec, está relacionada a la construcción de la polémica presa, aún cuando de por medio existe el mandamiento del Tribunal que impide cualquier trabajo de este tipo.
En diciembre del 2006, Tlachinollan documentó la presencia de maquinaria y vehículos de la CFE en el territorio comunal de Cacahuatepec, que trabajaba en la construcción del tramo carretero que va de Tunzingo a San Isidro Gallinero, definido por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la propia CFE como el más importante.
Se trata de una obra que actualmente está ejecutando el gobierno del estado con financiamiento de la Comisión Federal, pese a que en este territorio la paraestatal tiene legalmente restringido el acceso.
"Esta actitud, además de implicar el desacato de una resolución judicial, en la vía de los hechos significa una provocación para las y los pobladores opositores a La Parota. Las entidades gubernamentales no están acatando los fallos judiciales, razón que los orilla a defender sus tierras por sí mismos", acusan las organizaciones opositoras al proyecto de CFE.
Esta conducta, advierten, ha generado que se exacerben los ánimos de las y los campesinos opositores a La Parota, quienes integrados en el Cecop han apostado por las vías institucionales y legales. Sin embargo, el mensaje que da el gobierno federal es de no respetar estas resoluciones, orillando a los opositores a defender sus tierras en el campo.
Y "esta conducta tendenciosa de las autoridades se ha confirmado en últimas semanas con las visitas tanto del gobernador Torreblanca Galindo, como de la secretaria de Desarrollo Social Gloria Sierra López, quienes acudieron a los núcleos agrarios de Cacahuatepec, Los Huajes y Dos Arroyos a impulsar el proyecto de la presa, dejando de lado las resoluciones judiciales ya ampliamente referidas e incitando a la polarización comunitaria y a la confrontación entre los campesinos".
Cecop y Tlachinollan afirman que el proyecto hidroeléctrico La Parota debe ser cancelado y demandan de los gobiernos estatal y federal el pleno apego a derecho y el cese inmediato de sus acciones ilegales y tendientes a incitar a la violencia.
