La Comisión Europea anunció hoy que ha abierto una investigación para averiguar si las tarifas reguladas de la electricidad en Francia constituyen subvenciones públicas ilegales a las grandes y medianas empresas y provocan distorsiones de competencia en el mercado comunitario. El Ejecutivo comunitario ya lanzó un procedimiento similar contra España el pasado mes de enero al considerar que la compensación del déficit tarifario, que en 2005 ascendió a 3.800 millones de euros, podría constituir una ayuda estatal no permitida, y también está indagando el caso de Italia.
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, destacó a través de un comunicado que "la financiación pública de los costes de la electricidad de algunas empresas podría distorsionar la competencia entre las industrias europeas y también impedir a los consumidores que se aprovechen plenamente de los beneficios del mercado único".
Los consumidores franceses pueden comprar su electricidad en el mercado liberalizado o en el mercado regulado. En este último, la adquieren a los distribuidores designados por el Estado francés a precios regulados. Estos precios, según la Comisión, son muy inferiores a los del mercado liberalizado. Desde principios de 2007, los clientes que abandonaron el mercado regulado pueden regresar y pagar la electricidad a precios superiores a los precios regulados iniciales, pero todavía inferiores al nivel del mercado.
El sistema, de acuerdo con el Ejecutivo comunitario, está financiado por la empresa pública Electricité de France (EdF), y por los impuestos que pagan todos los consumidores franceses de electricidad y que gestiona el Estado.
Bruselas está preocupada sobre todo por la distorsión de competencia que podrían provocar las tarifas más bajas aplicadas a las grandes y medianas empresas, especialmente a las que consumen mucha energía. La investigación no afecta a las tarifas reguladas aplicables a los particulares ni a las pequeñas empresas porque éstas no parecen dar ninguna ventaja económica en materia de competencia.
Los problemas de competencia que plantean las tarifas reguladas artificialmente bajas ya fueron puestos de relieve por el Ejecutivo comunitario en la investigación sobre el sector de la energía que realizó el año pasado. La Comisión ya ha abierto además un expediente sancionador por las tarifas reguladas contra Francia y también contra España al considerar que son incompatibles con la normativa comunitaria sobre liberalización de la electricidad.
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, destacó a través de un comunicado que "la financiación pública de los costes de la electricidad de algunas empresas podría distorsionar la competencia entre las industrias europeas y también impedir a los consumidores que se aprovechen plenamente de los beneficios del mercado único".
Los consumidores franceses pueden comprar su electricidad en el mercado liberalizado o en el mercado regulado. En este último, la adquieren a los distribuidores designados por el Estado francés a precios regulados. Estos precios, según la Comisión, son muy inferiores a los del mercado liberalizado. Desde principios de 2007, los clientes que abandonaron el mercado regulado pueden regresar y pagar la electricidad a precios superiores a los precios regulados iniciales, pero todavía inferiores al nivel del mercado.
El sistema, de acuerdo con el Ejecutivo comunitario, está financiado por la empresa pública Electricité de France (EdF), y por los impuestos que pagan todos los consumidores franceses de electricidad y que gestiona el Estado.
Bruselas está preocupada sobre todo por la distorsión de competencia que podrían provocar las tarifas más bajas aplicadas a las grandes y medianas empresas, especialmente a las que consumen mucha energía. La investigación no afecta a las tarifas reguladas aplicables a los particulares ni a las pequeñas empresas porque éstas no parecen dar ninguna ventaja económica en materia de competencia.
Los problemas de competencia que plantean las tarifas reguladas artificialmente bajas ya fueron puestos de relieve por el Ejecutivo comunitario en la investigación sobre el sector de la energía que realizó el año pasado. La Comisión ya ha abierto además un expediente sancionador por las tarifas reguladas contra Francia y también contra España al considerar que son incompatibles con la normativa comunitaria sobre liberalización de la electricidad.
