El conseller de Economía, Antoni Castells, ha garantizado que el expediente informativo que se ha abierto a las compañías Red Eléctrica de España (REE) y Endesa por el apagón de Barcelona del pasado 23 de julio "lo esperamos concluir en la segunda quincena de septiembre".
Castells ha advertido a los que esperaban una resolución más rápida que "probablemente se desprenderá un expediente sancionador, que implicará sanciones, y éstas serán recurridas, y por ello no queremos estar en una situación desairada".
El conseller ha asegurado en rueda de prensa que "lo haremos bien y rápido. Esperamos que antes de septiembre tendremos listo el expediente informativo para clarificar qué ha pasado y poder así establecer las responsabilidades que se deriven del mismo".
Castells ha justificado que "no podremos dar información basada en especulaciones ni suficientemente contrastada" y ha marcado distancias con la actuación que llevó a cabo el gobierno de CiU en el apagón de diciembre de 2001, asegurando que "ellos lo hicieron tarde y mal. Se tardó dos años en imponer una sanción y luego se rebajó ésta de 6 millones de euros a 2 millones, en los tribunales".
"Consideramos definitivamente superada la etapa de emergencia y estamos en camino de restablecer la normalidad", ha dicho Castells, para quien "la Generalitat ha tenido siempre como prioridad absoluta resolver el problema, pero ahora hay que diseñar planes de futuro".
Las compañías tendrán que presentar a mediados de octubre sus planes de inversión y la Generalitat prepara el anteproyecto de Ley de Garantía del Suministro Eléctrico, que "supondrá un salto cualitativo y cuantitativo, en la calidad de servicio que recibirán los usuarios", ha asegurado, por su parte, el Director General de Energía de la Generalitat, Agustí Maure.
En opinión de Castells, "la Generalitat ha de aprender lecciones: la primera es que la red no estaba en las condiciones adecuadas, se encontraba en un situación manifiestamente mejorable, por un diseño deficiente, falta de inversiones y fallos de mantenimiento".
En opinión de Castells, "los hechos que han sucedido reflejan que la inspección se ha de reforzar y nosotros hemos de reforzar los mecanismos de control de la inspección".
Otra prioridad para el conseller es "establecer mecanismos de reservas para situaciones como ésta, para que no haya zonas que dependan de una sola fuente de alimentación, y reforzar los planes de emergencia para detectar las zonas especialmente sensibles".
Castells ha avanzado que el anteproyecto de Ley de Garantía del Suministro Eléctrico tiene que garantizar la doble alimentación, que todos los usuarios puedan estar conectados a más de una subestación y que se declaren de interés general obras concretas.
Sobre en qué grado se pactará la nueva ley con las eléctricas, Castells ha afirmado: "descarto la palabra ’pactar’, aunque sí hemos de buscar la buena disposición, pero nuestra prioridad es garantizar el servicio público. Se buscará el consenso, pero no se sacrificará el interés de los ciudadanos a intereses privados".
Por su parte, Agustí Maure ha garantizado que "trabajaremos con las eléctricas. La ley marcará el objetivo. Han de poner en marcha instalaciones nuevas, más pequeñas y ágiles y de tensión más baja, para no depender de subestaciones tan grandes como la de Maragall".
Maure ha advertido que "el tema de las inversiones es complejo, pero la retribución de las eléctricas en España ha aumentado 500 millones más hasta 4.000 millones de euros, y Endesa ya tiene asignación para hacer más inversiones y nos será difícil trabajar con ellos, minimizando inversiones y costos".
El Director General de Energía ha asegurado que "el punto más importante de esta nueva ley es que cualquier cliente podrá ser susceptible de ser alimentado desde dos puntos y que no haya dos clientes sin un doble punto de alimentación".
Sobre el tema técnico del expediente, no se ha avanzado gran cosa a excepción de que entre la caída del cable de Collblanc -de Endesa- al incendio de la subestación de Maragall -de REE- pasaron dieciséis segundos, si bien Maure no ha querido pronunciarse sobre una posible relación causa efecto.
Castells ha advertido a los que esperaban una resolución más rápida que "probablemente se desprenderá un expediente sancionador, que implicará sanciones, y éstas serán recurridas, y por ello no queremos estar en una situación desairada".
El conseller ha asegurado en rueda de prensa que "lo haremos bien y rápido. Esperamos que antes de septiembre tendremos listo el expediente informativo para clarificar qué ha pasado y poder así establecer las responsabilidades que se deriven del mismo".
Castells ha justificado que "no podremos dar información basada en especulaciones ni suficientemente contrastada" y ha marcado distancias con la actuación que llevó a cabo el gobierno de CiU en el apagón de diciembre de 2001, asegurando que "ellos lo hicieron tarde y mal. Se tardó dos años en imponer una sanción y luego se rebajó ésta de 6 millones de euros a 2 millones, en los tribunales".
"Consideramos definitivamente superada la etapa de emergencia y estamos en camino de restablecer la normalidad", ha dicho Castells, para quien "la Generalitat ha tenido siempre como prioridad absoluta resolver el problema, pero ahora hay que diseñar planes de futuro".
Las compañías tendrán que presentar a mediados de octubre sus planes de inversión y la Generalitat prepara el anteproyecto de Ley de Garantía del Suministro Eléctrico, que "supondrá un salto cualitativo y cuantitativo, en la calidad de servicio que recibirán los usuarios", ha asegurado, por su parte, el Director General de Energía de la Generalitat, Agustí Maure.
En opinión de Castells, "la Generalitat ha de aprender lecciones: la primera es que la red no estaba en las condiciones adecuadas, se encontraba en un situación manifiestamente mejorable, por un diseño deficiente, falta de inversiones y fallos de mantenimiento".
En opinión de Castells, "los hechos que han sucedido reflejan que la inspección se ha de reforzar y nosotros hemos de reforzar los mecanismos de control de la inspección".
Otra prioridad para el conseller es "establecer mecanismos de reservas para situaciones como ésta, para que no haya zonas que dependan de una sola fuente de alimentación, y reforzar los planes de emergencia para detectar las zonas especialmente sensibles".
Castells ha avanzado que el anteproyecto de Ley de Garantía del Suministro Eléctrico tiene que garantizar la doble alimentación, que todos los usuarios puedan estar conectados a más de una subestación y que se declaren de interés general obras concretas.
Sobre en qué grado se pactará la nueva ley con las eléctricas, Castells ha afirmado: "descarto la palabra ’pactar’, aunque sí hemos de buscar la buena disposición, pero nuestra prioridad es garantizar el servicio público. Se buscará el consenso, pero no se sacrificará el interés de los ciudadanos a intereses privados".
Por su parte, Agustí Maure ha garantizado que "trabajaremos con las eléctricas. La ley marcará el objetivo. Han de poner en marcha instalaciones nuevas, más pequeñas y ágiles y de tensión más baja, para no depender de subestaciones tan grandes como la de Maragall".
Maure ha advertido que "el tema de las inversiones es complejo, pero la retribución de las eléctricas en España ha aumentado 500 millones más hasta 4.000 millones de euros, y Endesa ya tiene asignación para hacer más inversiones y nos será difícil trabajar con ellos, minimizando inversiones y costos".
El Director General de Energía ha asegurado que "el punto más importante de esta nueva ley es que cualquier cliente podrá ser susceptible de ser alimentado desde dos puntos y que no haya dos clientes sin un doble punto de alimentación".
Sobre el tema técnico del expediente, no se ha avanzado gran cosa a excepción de que entre la caída del cable de Collblanc -de Endesa- al incendio de la subestación de Maragall -de REE- pasaron dieciséis segundos, si bien Maure no ha querido pronunciarse sobre una posible relación causa efecto.
Via: EFE
