El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Dña. Esperanza Aguirre ha propuesto evitar que Madrid sufra un apagón como el de Barcelona con una serie de medidas para que las compañías aseguren el suministro eléctrico en la Comunidad. El Ejecutivo multará a las empresas que operan en la región y que incumplan el abastecimiento de electricidad, estas se enfrentarán a multas entre 600.000 euros, hasta 30 millones -5.000 millones de las antiguas pesetas-.
El proyecto de ley para el Incremento de la Cuantía de las Sanciones en Caso de Incumplimiento de Suministro Eléctrico, donde se regulan las multas, fue aprobado ayer en Consejo de Gobierno y será remitido al Consejo Económico y Social (CES), según anunció ayer el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González. Asimismo, explicó que la cuantía de las multas se graduará en función de la eficacia en la reposición del suministro eléctrico.
Además de endurecer las sanciones, el Consejo de Gobierno acordó ayer remitir al CES el proyecto de desarrollo de la Ley Autonómica de Garantía del Suministro Eléctrico, aprobada en el Parlamento regional el pasado 1 de febrero.
Mediante este decreto, la Comunidad obligará a las compañías distribuidoras de electricidad a presentar en el último trimestre del año un Plan Periódico de Medios e Inversiones en el que deberán detallar las actuaciones previstas para el ejercicio del próximo año en cuanto al refuerzo de medios materiales, humanos y de atención al cliente para solventar un posible apagón eléctrico.
El decreto fijará una serie de medios e inversiones anuales que las empresas eléctricas deberán incorporar en dos años. Estos nuevos criterios que fija el proyecto de ley están orientados a garantizar el suministro eléctrico en momentos puntuales de aumento de la demanda o en caso de avería, mediante una estructura de redes con subestaciones conectadas en forma de malla, para que el abastecimiento pueda llegar a cualquier punto de la red por dos caminos diferentes.
Asimismo, las compañías deberán limitar la potencia al 70%, con el objetivo de reservar 30% para posibles estados de carencia o fallo del suministro y evitar una posible sobrecarga en la red. El decreto también obligará a las distribuidoras a disponer de equipos auxiliares de emergencia, así como contra incendios, subestaciones móviles y grupos electrógenos en la cantidad y potencia que sea necesaria para garantizar el suministro eléctrico en caso, incluso, de que el fallo llegara a afectar a todas las líneas de media tensión.
Via: La Razon
El proyecto de ley para el Incremento de la Cuantía de las Sanciones en Caso de Incumplimiento de Suministro Eléctrico, donde se regulan las multas, fue aprobado ayer en Consejo de Gobierno y será remitido al Consejo Económico y Social (CES), según anunció ayer el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González. Asimismo, explicó que la cuantía de las multas se graduará en función de la eficacia en la reposición del suministro eléctrico.
Además de endurecer las sanciones, el Consejo de Gobierno acordó ayer remitir al CES el proyecto de desarrollo de la Ley Autonómica de Garantía del Suministro Eléctrico, aprobada en el Parlamento regional el pasado 1 de febrero.
Mediante este decreto, la Comunidad obligará a las compañías distribuidoras de electricidad a presentar en el último trimestre del año un Plan Periódico de Medios e Inversiones en el que deberán detallar las actuaciones previstas para el ejercicio del próximo año en cuanto al refuerzo de medios materiales, humanos y de atención al cliente para solventar un posible apagón eléctrico.
El decreto fijará una serie de medios e inversiones anuales que las empresas eléctricas deberán incorporar en dos años. Estos nuevos criterios que fija el proyecto de ley están orientados a garantizar el suministro eléctrico en momentos puntuales de aumento de la demanda o en caso de avería, mediante una estructura de redes con subestaciones conectadas en forma de malla, para que el abastecimiento pueda llegar a cualquier punto de la red por dos caminos diferentes.
Asimismo, las compañías deberán limitar la potencia al 70%, con el objetivo de reservar 30% para posibles estados de carencia o fallo del suministro y evitar una posible sobrecarga en la red. El decreto también obligará a las distribuidoras a disponer de equipos auxiliares de emergencia, así como contra incendios, subestaciones móviles y grupos electrógenos en la cantidad y potencia que sea necesaria para garantizar el suministro eléctrico en caso, incluso, de que el fallo llegara a afectar a todas las líneas de media tensión.
Via: La Razon
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