El Gobierno prepara un decreto que fija las cantidades a percibir por las compañías eléctricas por la quema de carbón nacional en el periodo 1998-2006. El decreto, presentado por el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de Energía, establece unas primas específicas para la electricidad generada en cada una de las 17 centrales térmicas que queman carbón nacional. La prima total ascendería a más de 2.145 millones de euros.
Greenpeace calcula que la quema de ese carbón ha producido unas emisiones de 284 millones de toneladas de CO2. Por tanto, la prima por contaminar equivale a 7,55 €/tonelada de CO2, más de seis veces por encima del coste actual de la tonelada de CO2 en el mercado de derechos de emisión (1,25 €).
"Contaminar en este país tiene premio. Es mucho más rentable emitir CO2 que dejar de hacerlo", ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de energía de Greenpeace. "Es sarcástico que el mismo Ministerio que quiere reducir las primas a la energía eólica, que no emite CO2, pretenda primar la quema de carbón, que es la fuente de energía que más CO2 emite".
Greenpeace considera que la política del Gobierno, en lo que afecta a las emisiones de CO2, es totalmente contradictoria: mientras se reconoce la necesidad de reducir las emisiones, se dan primas por quemar carbón (decreto propuesto), se regalan derechos de emisión a las eléctricas (Plan Nacional de Asignación) y se facilita la compensación de las emisiones por la vía barata de inversiones en proyectos en países más pobres con los que se obtienen créditos para seguir contaminando aquí (Mecanismo de Desarrollo Limpio). El resultado de todo ello es que contaminar siguen siendo demasiado barato como para que ninguna eléctrica se plantee seriamente dejar de hacerlo.
La compañía eléctrica más favorecida por el decreto propuesto por Industria es Endesa y la central térmica que más ayudas recibe es la de Elcogás (Puertollano).
Greenpeace pedirá a la Comisión Europea y a la Comisión Nacional de la Energía que examinen la legalidad de las ayudas propuestas, de acuerdo con las normativas europeas en materia de ayuda estatal a la industria y de reducción de emisiones de CO2.
Greenpeace considera que las subvenciones a las compañías eléctricas nada tienen que ver con la necesidad de ayudar a la reconversión de las comarcas mineras a actividades ambientalmente sostenibles.
Greenpeace calcula que la quema de ese carbón ha producido unas emisiones de 284 millones de toneladas de CO2. Por tanto, la prima por contaminar equivale a 7,55 €/tonelada de CO2, más de seis veces por encima del coste actual de la tonelada de CO2 en el mercado de derechos de emisión (1,25 €).
"Contaminar en este país tiene premio. Es mucho más rentable emitir CO2 que dejar de hacerlo", ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de energía de Greenpeace. "Es sarcástico que el mismo Ministerio que quiere reducir las primas a la energía eólica, que no emite CO2, pretenda primar la quema de carbón, que es la fuente de energía que más CO2 emite".
Greenpeace considera que la política del Gobierno, en lo que afecta a las emisiones de CO2, es totalmente contradictoria: mientras se reconoce la necesidad de reducir las emisiones, se dan primas por quemar carbón (decreto propuesto), se regalan derechos de emisión a las eléctricas (Plan Nacional de Asignación) y se facilita la compensación de las emisiones por la vía barata de inversiones en proyectos en países más pobres con los que se obtienen créditos para seguir contaminando aquí (Mecanismo de Desarrollo Limpio). El resultado de todo ello es que contaminar siguen siendo demasiado barato como para que ninguna eléctrica se plantee seriamente dejar de hacerlo.
La compañía eléctrica más favorecida por el decreto propuesto por Industria es Endesa y la central térmica que más ayudas recibe es la de Elcogás (Puertollano).
Greenpeace pedirá a la Comisión Europea y a la Comisión Nacional de la Energía que examinen la legalidad de las ayudas propuestas, de acuerdo con las normativas europeas en materia de ayuda estatal a la industria y de reducción de emisiones de CO2.
Greenpeace considera que las subvenciones a las compañías eléctricas nada tienen que ver con la necesidad de ayudar a la reconversión de las comarcas mineras a actividades ambientalmente sostenibles.
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