by EDWIN CROES
Para las personas conocedoras del problema, será positivo el balance que se sacará de los casi cuatro años que han pasado desde la re-compra de las empresas distribuidoras Edenorte y Edesur. Se logró comprarlas a buen precio, tanto que esta administración pagó la deuda en efectivo y por adelantado.
Y aunque la gestión durante esta administración deja mucho que desear, nada asegura que Unión Fenosa lo hubiera hecho mejor.
Edenorte y Edesur fueron adquiridas en la capitalización de agosto de 1999 por Unión Fenosa en US$210 millones. Cuatro años después, cuando se compraron, en agosto de 2003, las empresas tenían activos por US$869 millones. Sus deudas eran US$732 millones, de los cuales UF asumió US$578 millones, que pagó en efectivo a sus acreedores después de la transacción de compra-venta.
Es decir, el patrimonio (activos menos deudas) quedó en US$464 millones, lo cual significa: US$254 millones más que en la capitalización y US$118 millones más que el precio de compra, que fue de US$346 millones (financiado con un préstamo de la misma Unión Fenosa, pagadero en 12 años a un interés del 9% y sin garantía soberana, tremenda hazaña en medio del atolladero monetario y financiero provocado por las quiebras bancarias).
El patrimonio estatal terminó valorizándose. De paso, quedaba financieramente demostrado mas allá de duda alguna que la valoración del patrimonio original de la CDE fue groseramente sub-valorado durante la capitalización.
Esta información esta escrita y auditada. Puede ser corroborada por la prestigiosa firma de auditores Grant Thornton que auscultaron y auditaron previo, durante y posterior a la transacción.
El Fondo Monetario Internacional actuó irrazonablemente frente a la transacción. Plantearon sus "expertos” que la misma aumentaba la deuda pública externa dominicana, cuando estaba claro que las empresas distribuidoras eran privadas, según su constitución y las leyes que la amparaban.
Además, así como para el diagnóstico previo al acuerdo stand-by se había clasificado la enorme deuda de las distribuidoras como privada, así mismo debía ser considerada la reducida deuda después de la transacción.
En todo caso, el FMI ni siquiera admitió el error de que si consideraba el capital estatal invertido en las empresas (50%), en esa misma proporción debía ser considerada la deuda de las empresas como deuda publica antes de la transacción. En cuyo caso, dada la disminución de la deuda total después de la compra, el neto también arrojaba una disminución de la deuda pública.
Ni la CDEEE, ni la Secretaria de Finanzas, ni el Banco Central, ni el Secretariado Técnico de la Presidencia pudieron con la testarudez del FMI frente a este argumento eminentemente técnico. El FMI terminó usando esta situación como una entre muchas otras razones para suspender el acuerdo stand-by. (El argumento aun reposa en el portal de Internet de la Secretaria de Hacienda).
En su momento y aun hoy, algunos funcionarios del Banco Central quieren interpretar la historia de aquellos días como si la recompra de las distribuidoras hubiera sido ocasión y causa de una inestabilidad monetaria y financiera que, ellos debían saber muy bien, se había cocinado en otro sitio (los bancos quebrados) y bajo la supervisión de otras instituciones.
No es menester entrar en la larga lista de argumentos que movieron a la recompra de Edenorte y Edesur. Pero no se pueden dejar de recordar los fundamentales. Unión Fenosa desafió a las empresas generadoras privadas y capitalizadas negándose a pagarles y negándose a reconocer y acordar formas de pago de estas deudas (tal como hizo AES-Edeeste).
Los generadores, no solo iniciaron lobby, litigios y disputas internacionales contra UF, sino que solicitaron formalmente a la Superintendencia de Electricidad que interviniese dichas empresas tal y como la ley la capacitaba en situaciones de cesación de pagos. La imagen y crédito internacional del país, ya bastante deteriorado con las quiebras bancarias, se empeoraba aun mas con estas circunstancias. Ya este había dejado de ser un problema exclusivamente eléctrico.
Es cierto que la crisis financiera y su devaluación (de mas del 100%) pegaron fuerte en 2003 y descapitalizaron a las empresas distribuidoras, empeorándose todos sus índices de gestión.
Y eso que el Estado las había ayudado con el Acuerdo de Madrid, había creado y pagaba el subsidio focalizado a los barrios, la policía eléctrica antifraude (PAEF), financiaba la construcción de la infraestructura de subestaciones, y había roto su compromiso de eliminar el subsidio indiscriminado y asumió parte del aumento de la tarifa por los altos precios de la energía que provocó la devaluación (a pesar de que los precios internacionales de los combustibles ya habían comenzado a bajar).
Sin embargo, el balance de cuatro años de gestión de las distribuidoras en manos de Unión Fenosa y AES era desastroso. En cuatro años (de finales del verano de 1999 al de 2003, UF no pudo sostener mejoras sustanciales de los índices de gestión de las empresas. Edesur solo mejoró dos puntos porcentuales la recuperación de efectivo (48 a 50%), mientras que Edenorte mejoró cuatro puntos porcentuales (de 39 a 43%).
Tampoco AES había sostenido mejoras en Edeeste, la recuperación de efectivo apenas mejoró en tres puntos porcentuales (de 43 a 46%). Es decir, en conjunto, la capitalización de las empresas distribuidoras había sido un total fracaso cuando se tenía que enfrentar a una prueba de fuego.
Apenas un año después de la recompra de Edenorte y Edesur, empeorada la crisis macroeconómica y todo, la gestión estatal logró que los índices de recuperación de activo mejorarán (de 43 a 45% en Edenorte y de 50 a 59% en Edesur), mientras que Edeeste no lo había podido hacer, incluso empeoraba (cayendo de 46 a 45%). Estos datos también están auditados y publicados por el Banco Mundial en su análisis del sector eléctrico de abril de 2005, disponible en su portal de Internet.
A la nueva administración del PLD le tomó mas de un año alcanzar esas marcas establecidas en los once meses de gestión inmediatamente después de la recompra de las distribuidoras. A pesar de que se ha subsidiado a las empresas del sector eléctrico en US$1,453 millones (una situación que hubiera enloquecido a los antiguos funcionarios del Banco Central).
A pesar de que no me gustan las ucronías, me arriesgo a sostener que si el Estado no hubiera comprado las empresas distribuidoras, la situación de cobros y subsidios estuviese mucho peor.
Juzguemos por la experiencia con EDEESTE, la distribuidora administrada por el sector privado. ¿Cuanto ha costado en subsidios al Estado? ¿Cuánto efectivo ha perdido? AES compró Edeeste por US$109 millones de dólares en 1999 y solo el año pasado recibió US$174 millones de subsidio del Estado.
Y ahora hasta ha demandando al estado dominicano por US$700 millones. Una de las cosas de la que siempre me arrepentiré es de no haber insistido mas en que también se comprara Edeeste en aquel verano de 2003.
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